¿Es la Justicia una urgencia social para 2023?

MACARENA LETELIER VELASCO

El Presidente Gabriel Boric, valorando el acuerdo constitucional de diciembre pasado, señaló que entre las preocupaciones ciudadanas están la seguridad pública, el alza del costo de la vida, las pensiones, salud y educación. ¿Dónde queda la justicia? ¿Qué lugar ocupa frente a este catálogo de dolores que aqueja a la sociedad? ¿Qué requiere la justicia para cumplir su fin?

En tiempos de crisis económicas, el alza en el desempleo afecta la capacidad de las personas para cumplir sus contratos, la desconfianza se instala con fuerza y la incertidumbre contrae la inversión. El ultimo IMCE (Indicador Mensual de Confianza Empresarial) alcanzó un nivel de 35,61 puntos, lo que muestra que la expectativa empresarial es pesimista. En estos escenarios, donde la conflictividad se eleva y las personas buscan zanjar diferencias, se requiere un sistema procesal civil moderno para que la justicia llegue de manera oportuna y los acuerdos tengan un espacio cada vez mayor, previo a un juicio.

“Hay espacios importantes para introducir mejoras al sistema de justicia. Es tiempo de ver la oportunidad de la reforma procesal civil y de la ley de mediación”.

Por su parte, la persecución de los delitos que atentan contra la anhelada seguridad pública tiene una gran aliada en la justicia, que busca resguardar los derechos de las víctimas y condenar a los culpables. Sin embargo, sólo cumplirá ese rol en la medida que estemos ante juicios que resguarden el debido proceso y que se den en plazos razonables. Así, la justicia y su correcta aplicación son parte de la solución para lograr una mejor convivencia.

Sin embargo, durante las últimas semanas la “justicia” ha ocupado un espacio más bien preocupante en los medios, con noticias alejadas a su funcionamiento natural en la vida de las personas para instalarse en un plano institucional. La falta de acuerdo en la nominación del Fiscal Nacional; la nulidad de la sentencia en el caso Pradenas por carecer de imparcialidad uno de sus sentenciadores; y los cuestionamientos del Presidente de la República esta semana a la tramitación de un juicio en el que la persona condenada fue indultada por decreto presidencial con el argumento de que sería sin duda alguna inocente.

La gravedad en este último caso no sólo se da por la intromisión en las funciones exclusivas de otro Poder del Estado, sino porque la máxima autoridad del país, con una convicción absoluta, declara que existen irregularidades y una mala valoración de la prueba en un juicio revisado por la Corte Suprema.

Efectivamente hay espacios importantes para introducir mejoras al sistema. Las autoridades, cada una en su rol, pueden y deben impulsar con fuerza proyectos que tiendan ampliar el acceso a una justicia moderna y eficaz. Es tiempo de ver la oportunidad, entre otras, de la reforma procesal civil y de la ley de mediación; Chile no puede esperar en este tema tampoco.

La justicia es una urgencia social para 2023. Su correcta aplicación tiene impacto directo en las preocupaciones ciudadanas y afectar su independencia e institucionalidad pone en riesgo la democracia y el marco de convivencia de un país.